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Reforma al Poder Judicial y sus efectos en lo fiscal
El pasado 15 de septiembre, pese a ser inhábil y fecha de celebrar el día de la independencia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, con lo cual, después de un paro de labores de juzgados y tribunales federales, una notoria inconformidad de profesionistas que marcharon en la ciudad, y opiniones negativas en redes sociales –a la par de un programa de televisión de “famosos” que pareciera haber buscado competencia en la atención de las personas– se concretó la reforma tan poco afamada al Poder Judicial, con una votación debatida que finalizó la intención de tener un Poder Judicial con jueces elegidos en forma popular y con retos para un futuro que promete ser mejor porque, al igual que se ha dicho en otras reformas, lo actual no es adecuado a las necesidades de la sociedad. Desde luego, esta reforma traerá muchos cambios, exigirá presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) –pese a que varias zonas del país demandan atención– sin abonar en requisitos de preparación, estudio, trayectoria y otros más que den lugar a la prosperidad prometida, lo que esperemos se detalle en las normas subconstitucionales que discurran (años de experiencia, tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, examen aprobado –como sucede actualmente–, una debida cuenta cumplida de asuntos y otros más esenciales en la carrera judicial). Así, se afectarán muchos aspectos de la impartición de justicia –lo que se espera sea en forma positiva– y ello también afectará la materia fiscal, punto al cual se abocan estas líneas.
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