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El sistema tributario en México se ha visto en la necesidad de evolucionar conforme a las circunstancias que han ido cambiando en el campo fiscal y de los negocios; es decir, con el tiempo este sistema ha debido imponer mayores reglas y elementos de control para proteger y mantener el nivel de recaudación, así como evitar que haya desviaciones en las actividades comerciales que obstaculicen el camino o lo impidan a los recursos que corresponde a unos recibir y a otros pagar. Hay un dicho popular que reza “la burra no era arisca, sino que los palos la hicieron”, de igual manera, podría decirse que incluso a nivel mundial las economías se han visto afectadas y han debido cambiar derivado de la evasión de impuestos, el lavado de dinero, la simulación de actos y una serie de anomalías que aquejan al sistema. Al verse en esta situación las haciendas públicas buscan mecanismos para cerrar paso a la creatividad de la delincuencia fiscal, es por ello que se han hecho acuerdos y leyes para generar intercambio de información financiera y fiscal de los contribuyentes para que éstos no caigan en malas prácticas voluntaria o involuntariamente. En México, hace tan sólo 15 años era suficiente contar con la factura o el documento que amparara una operación comercial para que ésta y su evolución se consideraran legales. No obstante, como se ha expuesto en otros análisis de esta misma sección, la citada evolución ha resultado determinante para tener la punta de la hebra de las operaciones, partes que intervienen, lugares, nombres, valores y montos que alertan cuando se ha realizado un acto o actividad que puede tener efectos fiscales.
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