Transformando el cumplimiento: oportunidades y riesgos de la reforma a la LFPIORPI

La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca un parteaguas en el régimen de prevención de lavado de dinero (PLD) en México. Pero antes de abordar las modificaciones específicas a las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables resulta indispensable contextualizar el enfoque que motivó dichos cambios. La reforma publicada el pasado 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF)1 refleja un esfuerzo por elevar el estándar del cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, buscando alinearlo con las mejores prácticas internacionales y con los principios establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se parte del reconocimiento de que algunas de las disposiciones que antes se encontraban en las reglas de carácter general ahora adquieren rango legal, lo cual no sólo amplía su fuerza jurídica, sino que también impone un mayor grado de responsabilidad a los sujetos obligados. Esta transformación normativa implica a su vez no sólo un ajuste operativo, sino también una evolución en la cultura de cumplimiento en la que se espera que las obligaciones no se vean únicamente como un trámite, sino como parte fundamental de la gestión de riesgos en cada organización. Con este nuevo panorama legal, resulta clave comprender cuáles son las obligaciones que han sido fortalecidas, modificadas o integradas a partir de esta reforma.

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