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Un Estado responsable debe gastar de manera responsable los fondos recaudados de ciudadanos responsables. Mediante la relación jurÃdico-impositiva, el Estado se apropia de una parte de la renta de los contribuyentes para sufragar los costos de la vida de sus ciudadanos y la existencia del propio Estado. Una parte importante de dichos ingresos captados por el ente soberano es destinada a crear la infraestructura necesaria para proteger los derechos de los mexicanos, a saber: juzgados y tribunales. AsÃ, los derechos tienen un costo contemplado para el Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
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