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Políticas de fiscalización y recaudación frente al nuevo modelo de la Ley General de Economía Circular
En los últimos años, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en uno de los principales retos para México y para el mundo. El crecimiento de las actividades económicas, el uso excesivo de productos y la generación constante de residuos han demostrado que el modelo tradicional de producción y consumo ya no es suficiente para responder a las necesidades actuales. Durante mucho tiempo, las empresas han trabajado bajo un esquema de producir, consumir y desechar sin considerar plenamente las consecuencias económicas y ambientales que esto representa. Ante esta situación, surge la necesidad de buscar nuevas alternativas que permitan aprovechar mejor los recursos, fomentar un desarrollo más responsable y, de esa forma, dar paso a la economía circular, que propone cambiar la manera en que se producen y utilizan los bienes con el fin de que los materiales empleados tengan una vida útil más larga mediante su reutilización, reparación, reciclaje y aprovechamiento. Para que este modelo realmente funcione no basta con que las empresas adopten prácticas sustentables o que la población tenga una mayor conciencia ambiental, sino que también es necesario que el Estado participe mediante leyes, políticas públicas y mecanismos económicos que permitan vigilar su cumplimiento y generar condiciones para que estas prácticas sean atractivas y viables.
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