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La persona representante encargada de cumplimiento: de la designación formal a la garantía del negocio
Desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la designación del representante encargado de cumplimiento prevista en su artículo 20 fue concebida, en una proporción relevante de las personas morales que realizan actividades vulnerables (AV), como una designación de carácter formal, orientada principalmente a la atención de las obligaciones de reporte. La persona designada aceptaba el cargo en el portal de prevención de lavado de dinero mediante su firma electrónica y su actividad se concentraba en la presentación de los avisos, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al de la operación, y de los informes en ceros. Se trataba de una figura indispensable para la operación del sujeto obligado, pero con escasa incidencia en su gobierno corporativo y en la gestión efectiva de sus riesgos. La reforma a la LFPIORPI, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la modificación a su Reglamento, del 27 de marzo de 2026, y el acuerdo 115/2026 que modifica las Reglas de Carácter General (RCG), publicado el 7 de agosto de 2026 y en vigor a partir del 30 de noviembre de 2026, convierten el régimen de las actividades vulnerables en un sistema de gestión con enfoque basado en riesgos. En el centro de ese sistema queda la persona representante encargada de cumplimiento. Este artículo recorre el origen de la figura y su llegada a la LFPIORPI; contrasta su alcance antes y después de la reforma; sintetiza las responsabilidades que hoy asume y el significado que adquiere el cumplimiento en las actividades vulnerables; identifica las decisiones que deben adoptar las empresas y los desafíos que enfrenta el representante encargado de cumplimiento, y propone las acciones prioritarias ante la entrada en vigor de las nuevas RCG.
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