Contabilidad del Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas: ¿herramienta para la toma de decisiones o mera obligación?

Con la reciente presentación del Paquete Económico para 2027, específicamente de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para dicho ejercicio fiscal, han surgido diversos temas de interés para los profesionales de la contaduría. Entre ellos se encuentra la propuesta de incorporar una opción para que personas físicas y morales que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) puedan pagar el impuesto al valor agregado (IVA) aplicando una tasa del 7 % al total de las contraprestaciones efectivamente cobradas. La discusión inmediata se ha centrado en los posibles beneficios o desventajas económicas de esta opción. Para ciertos negocios con ciertas particularidades en sus costos y gastos, la opción puede resultar atractiva; para otros, especialmente cuando el IVA acreditable representa una proporción relevante de las operaciones, podría traducirse en un mayor impuesto por pagar. Sin embargo, el presente artículo no pretende recomendar la aplicación de la tasa del 7 %, ni desarrollar escenarios para determinar en qué actividades resultaría conveniente. Existe un elemento menos visible de la propuesta que merece una reflexión propia: la posibilidad de que el Resico para personas físicas, bajo determinadas condiciones, ya no tenga la obligación de integrar contabilidad para efectos fiscales. La pregunta entonces ya no se centraría en únicamente cuánto IVA se pagaría, sino que se transformaría en otra de mayor alcance para la profesión contable, pues si la autoridad fiscal ya no requiere determinada contabilidad para calcular una contribución, dejaría de ser necesaria para el empresario

Debes ser suscriptor para descargar este artículo