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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha erigido las tasas efectivas de tributación como un eje central de la fiscalidad contemporánea. Desde el proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios o Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), iniciado en la década de 2010, se les ha impulsado como instrumento de transparencia y control destinado a medir la carga real de las corporaciones y frenar la erosión de bases gravables mediante una redistribución más equitativa de derechos tributarios. Esta evolución normativa se consolidó en 2015 con los estándares mínimos de BEPS y entre 2018 y 2020 con estudios que confirmaron su eficacia para evaluar la congruencia entre utilidades y contribuciones fiscales. Para 2021, la OCDE formalizó su postura con la reforma global de los “dos pilares”: el primero redefine la atribución de ingresos en economías digitalizadas y el segundo establece un impuesto mínimo global del 15 %; así, se transforma la tasa efectiva en parámetro vinculante para multinacionales de gran escala.
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