La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su relación con el lavado de dinero

La relación entre las figuras de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el lavado de dinero tiene ya un largo camino andado en el marco internacional, no así en nuestro país, en el cual comienza su recorrido como derivación de la Miscelánea Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 17 de junio de 2016. Para citar un breve antecedente de la relación entre las figuras en comento, podemos reseñar la intención de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante las Recomendaciones 24 y 25, en las que estipula la importancia de que sus agremiados tomen las medidas correspondientes para que las personas jurídicas no sean utilizadas como instrumentos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No sólo el Grupo de Acción Financiera Internacional se ha pronunciado al respecto, sino también otros organismos y grupos internacionales, hasta llegar a ser plasmados en convenciones de esta índole, donde se ha contemplado la necesidad de la tipificación de la responsabilidad penal de la persona jurídica; por señalar un ejemplo, citemos el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, el cual tiene un marco de apertura al establecer que si bien se debe sancionar la conducta ilegal de la persona jurídica, ésta podrá ser estipulada a través leyes civiles, administrativas o penales. Pero, ¿cuál es la importancia en esta relación? Ante este cuestionamiento nos encontramos frente la evolución del delito empresarial, que está empezando a formar parte esencial en la comisión de una serie de delitos como temas de corrupción, terrorismo, fraudes, delitos fiscales y lavado de dinero, entre otros, siendo a través de personas jurídicas la vía idónea que estos sujetos o grupos utilizan.

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