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A punto de entrar a la recta final de la presente administración, nos encontramos con una dinámica de negocios en donde el mal llamado outsourcing prolifera dÃa con dÃa y su uso es tan desmedido como la venta de facturas, por lo que incluso llega a considerarse a ambos como coincidentes en aras de evitar el verdadero pago de contribuciones y cargas sociales, debido a lo cual estos dos esquemas, coincidentes en ocasiones, producen una fórmula atinente a disminuir el pago de contribuciones, misma que, por sencilla y simple que parezca, puede arribar a un desfalco tal que incluso incurra en el lavado de dinero. En virtud de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha emitido un comunicado en el cual, acorde a su interpretación, el esquema de subcontratación (–insisto–, mal llamado outsourcing), debe ser considerado una actividad vulnerable para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita (LFPIORPI), comúnmente llamada ''Ley Antilavado'', todo lo cual será motivo de breve análisis en estas lÃneas, a fin de brindar al lector una visión sencilla sobre el tema para identificar en la práctica diaria estos esquemas.
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