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El presente trabajo busca exponer el concepto y la forma en que opera el outsourcing en nuestro país, tema que a menudo ha causado polémica respecto a sus prácticas y políticas, y por saber si su manera de operar es de simulación o violatoria de los derechos laborales consagrados en las diferentes normas. Actualmente, el régimen de subcontratación vuelve a dar de qué hablar ya que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) considera que es ''actividad vulnerable'' la prestación de servicios profesionales de manera independiente, en aquellos casos en los que se prepara para un cliente o se lleva a cabo en nombre y en representación del mismo, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo. Así, en octubre de 2016, se estipuló que la prestación de servicios de subcontratación (outsourcing) encuadra en dicha actividad vulnerable. Independientemente de lo anterior, se trata de una forma de contratación bastante recurrida, donde muchas prestadoras operan con estricto apego a la legalidad, mientras que otras siguen encontrando la salida para hacerlo fuera de la normatividad, en perjuicio, siempre, de los trabajadores.

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