¿Existen derechos humanos en la tributación?

A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2011, la cual dio énfasis a la protección y defensa de los derechos humanos, proliferaron en todo el país infinidad de argumentos, litigios y acciones atinentes a su protección, haciéndose recurrente el uso del Pacto de San José, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y múltiples instrumentos internacionales y del Continente Americano que hasta antes eran poco conocidos, pues se piensa que los derechos humanos son la solución a todos los problemas ya que se han llegado a considerar coto vetado para las actuaciones del Estado. Y como sucede con todo instrumento novedoso, algunos particulares, autoridades y juzgadores han hecho uso desmedido de los mismos, algunas veces evocados de manera correcta y real y algunas otras no, volviéndose todo ello un nuevo problema más que una solución. En efecto, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 no arrojó un verdadero cambio sustancial a los derechos humanos, es decir, no se crearon más derechos pues los antes existentes siguen y los ya reconocidos también (la vida, por ejemplo, se reconoce como derecho, en tanto el voto se crea como derecho, lo que es un efecto ecléctico entre iuspositivismo e iusnaturalismo)1. Más bien se reforzó la forma de los derechos. Esto es, el <> protegerlos y satisfacerlos, lo que dio lugar a que el nombre del primer capítulo pasara de ''De las garantías individuales'' a ''De los derechos humanos y sus garantías''. La materia fiscal no ha sido ajena a la fiebre de los derechos humanos pues algunos contribuyentes, y peor aún sus asesores, consideran que la rama tributaria-fiscal cuenta también con derechos humanos que deben protegerse y por tanto, las devoluciones, compensaciones y demás figuras que discurren de la tributación deben fluir con mayor rapidez, como si nuevamente la palabra ''derechos humanos'' fuera la llave mágica para cualquier disenso, llegando al extremo de considerarse bajo el criterio pro personae.

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