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En los últimos tiempos el término ''lavado de dinero'' ha adquirido una relevancia indiscutible como derivación de la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre de 2012 y su marco normativo, prueba de ello es la modificación en el presente ejercicio fiscal al párrafo tercero del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sin embargo, en ocasiones olvidamos que en nuestro país el tema de lavado de dinero tiene antecedentes de mayor longevidad que la propia publicación de la propia LFPIORPI y más aún el origen del delito fiscal como acto previo al delito de lavado de dinero. Mientras en nuestro país vamos iniciando con el marco regulatorio de este fenómeno, ya se han discutido aspectos prácticos que resultan aplicables dentro de sus marcos regulatorios, uno de dichos puntos es la situación de los Delitos Fiscales frente al lavado de dinero, y más cuando en los últimos meses escuchamos noticias referentes a la información de cuentas bancarias de mexicanos de las cuales tendrá conocimiento el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o investigaciones a ex alcaldes por lavado de dinero, entre otros temas, los cuales han desatado una gran polémica y es el punto de partida para que la autoridad hacendaria determine qué tipo de fraude se genera en contra de la Hacienda Pública.

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