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La reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), vigente a partir del 1 de enero de 2022, incorporó la figura del beneficiario controlador1 como parte de las obligaciones en materia de contabilidad que deben cumplir, entre otras, las personas morales o jurÃdicas, las cuales están obligadas a obtener, conservar y proporcionar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando esta autoridad asà lo requiera, información que deberá reunir la condición de ser fidedigna, completa y actualizada. Conforme a la Exposición de Motivos de la citada reforma, se estableció que tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)2 como el Foro Global3 tienen el mandato de evaluar a los paÃses para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, ya que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilÃcito con una apariencia de licitud.
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