La ética profesional cuestionada por las disposiciones fiscales

Una de las funciones que desempeñan los contadores públicos –y profesiones afines– es la de fungir como asesores fiscales. Dentro de esta actividad está el ayudar al cliente a planear fiscalmente sus operaciones. Desgraciadamente, es común observar que al llevar a cabo “planeaciones” financiero/fiscales que permitan reducir la carga fiscal de las empresas, aun de manera legal, mediante el uso de diversas alternativas jurídico/fiscales permitidas, la evaluación de las propuestas de solución no se realiza a profundidad; así la actuación del “profesional” se separa (o pudiera parecer separarse) de lo que podríamos llamar un comportamiento ético. En otros casos se observan prácticas en las cuales la actuación definitivamente se aleja de la moralidad y de las buenas prácticas, violándose con ello la debida ética profesional, que además pone en riesgo al beneficiario del servicio. Al respecto, resulta muy importante tomar en cuenta las facultades que tienen las autoridades fiscales, en particular aquella establecida en el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) que, si bien se le conoce como la “cláusula antielusión”, en la realidad implica una “recaracterización” de los actos jurídicos, lo que le permite a la autoridad modificar los efectos fiscales de la operación cuestionada, alterando los originalmente esperados de la planeación financiero fiscal de la entidad.

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