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En el año 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20 (G-20) adoptaron el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Gravable y Traslado de Beneficios o Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), que contempla 15 áreas estratégicas de trabajo para combatir la erosión de la base fiscal a través de una serie de recomendaciones técnicas, entre ellas, la acción de abordar los retos impositivos de la economía digital. Conforme a ello, en México, en la reforma fiscal de 2020, se realizaron cambios importantes con la intención de recaudar por operaciones de comercio electrónico. En ésta, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA); mismas que entraron en vigor el 1 de junio de 2020. Tales modificaciones están lejos de alinear la legislación con las acciones derivadas de la iniciativa BEPS, como la regulación de las actividades digitales, toda vez que no se grava a dichos intermediarios directamente, sino que se utilizan como medio para recaudar impuestos a los ingresos y actividades relacionadas con las personas físicas que las llevan a cabo.
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