Editorial 753

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que el 9 de diciembre pasado, se firmó el Acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno de México, respecto a la subcontratación, en el que se destaca lo siguiente: 1) las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la Iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal; 2) la discusión del esquema de reparto de utilidades, con la finalidad de que sea justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago; 3) la solicitud respetuosa al Poder Legislativo para que se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la Iniciativa, misma que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse, y 4) el llamado a las empresas que manejan nóminas para que, de inmediato, dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizarán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato, administrativa o penalmente. La misma STPS informó que el 13 de diciembre inició la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, con la participación de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local. Estos estados se suman a Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, que iniciaron sólo a nivel federal y arrancaron con el nuevo modelo en 2020.

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