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A partir del 1 de enero de 2020, las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual, deberán retener el impuesto al valor agregado (IVA) en una cantidad equivalente al 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.1 Lo anterior con motivo de la entrada en vigor de la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).
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