Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Durante la década de 1980, los bancos en México tenían problemas de insolvencia debido a que el capital de sus accionistas representaba una pequeña porción con relación a la captación tradicional y otras operaciones pasivas. Los préstamos que hicieron con los recursos captados a través de depósitos de los ahorradores significó la generación de una cartera vencida importante, lo que fue un factor esencial en la crisis financiera de 1994 y 1995. En 1984, la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) establecía la posibilidad de quiebra de las instituciones de crédito; sin embargo, debido a los apoyos económicos que el Gobierno Federal otorgó a las instituciones con problemas financieros, esto nunca sucedió. En 1985 se instituyó una política pública para proteger los ahorros del sistema bancario y salvaguardar la integridad del sistema de pagos. Las facultades regulatorias y de supervisión estaban a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respectivamente, las cuales no fueron eficientes. En 1986, el Gobierno Federal constituyó en el Banco de México (BM) un fideicomiso denominado ''Fondo de Apoyo Preventivo'', cuya finalidad era apoyar la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y evitar que los problemas de liquidez y solvencia tuvieran un efecto en los recursos captados de sus clientes. Se preveía, por primera vez, que fueran los bancos quienes aportaran recursos para hacer frente a sus problemas financieros y no el Gobierno Federal. En la LIC de 1990 quedó prevista la constitución del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con la finalidad de establecer medidas preventivas tendentes a evitar problemas financieros y procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones.

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